El Gobierno ha aprobado este martes 9 de junio en Consejo de Ministros el proyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Para remitirla al Congreso y que inicie su tramitación parlamentaria. Entre las principales modificaciones de la norma se incluye el aumento del plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores. Este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años. Y no 18 como ocurre actualmente. Y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. Por otro lado, la futura conocida comoLey Rhodes en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en la infancia, obligará a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad. Y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del coordinador de bienestar y protección. Asimismo, la ley ordena que se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. En general, la normativa establece que se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad aun cuando no sea delito. Especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.