La Plataforma del Tercer Sector (PTS) insta al Gobierno para que impulse lo antes posible el desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social con el objetivo de velar por la estabilidad del sector y ofrecer mejores garantías jurídicas a las entidades sociales. Coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación de la norma, desde la PTS han explicado que el sector se encuentra en una situación complicada y de extrema dificultad. Esto viene motivado, según han indicado, por el cambio de modelo de gestión de las subvenciones del IRPF, la alteración sustancial del sistema de financiación y la falta de garantías con respecto a cómo se van a resolver las convocatorias este año, el primero en el que el 80% de la gestión de las ayudas recae en las Comunidades Autónomas. En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha subrayado que es prioritario desarrollar cuanto antes el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector que contempla la Ley, y con el que se podrán seguir aportando soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad. Necesitamos un Tercer Sector con fortaleza y capacidad, que sea verdaderamente un eje del modelo democrático y social, ha manifestado. Hasta el momento sólo se ha aprobado el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil, sin embargo, entre las cuestiones pendientes está el citado programa de impulso, la regulación del estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado o la creación y puesta en marcha del inventario de las entidades sociales. Poyato ha indicado que la ley fue una antigua demanda de las organizaciones sociales que, con mucho esfuerzo se pudo sacar adelante, convirtiéndose en la primera ley para el sector de este país, pero sin un desarrollo normativo la ley no podrá abrazar los objetivos que pretendía y muchas de sus potencialidades quedarán truncadas. Por último, el presidente de la PTS ha recordado que el Tercer Sector atiende a más de 7 millones de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social y ha reclamado el compromiso de la Administración para poder seguir realizando esta labor en condiciones óptimas.
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